Monterrubio de la Serena
El propietario de la granja cinegética de caza mayor ubicada en Monterrubio de la Serena acusado de montar cacerías ilegales ha sido condenado a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación para el derecho de caza. Se le considera culpable de un delito contra los recursos naturales y el Medio Ambiente en su modalidad de caza de especies de fauna en peligro de extinción. Así lo establece el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito en la sentencia dictada el 28 de diciembre del 2007, que no es firme y contra la cual cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz. La sentencia reconoce probado que Manuel Domínguez organizó el 3 de diciembre del 2005 una jornada de caza de un tigre hembra, catalogado por la normativa internacional y comunitaria como en peligro de extinción. Del mismo modo considera probada la participación de Tomás de la Flor y David Jiménez en la cacería, aunque "sin que haya quedado acreditado cuál o cuáles de ellos efectuó los tres disparos que culminaron con la muerte del animal". Una condena de 18 meses de prisión y la inhabilitación para la caza por un periodo de tres años impone el juez a cada uno de estos dos cazadores, Tomás de la Flor Martín y David Jiménez Ortega; y 10 meses de prisión e inhabilitación por dos años es la pena impuesta a cada uno de los empleados de Domínguez, Juan Pedro Blázquez y Manuel Balsera Núñez. Resuelta absuelta Basilisa Toledano Serrano, esposa de uno de los cazadores. Todos los acusados deberán pagar las costas del juicio, con exclusión de las de las acusaciones particular y popular. LOBOS, TIGRES Y LEONES En la finca de Monterrubio, conocida como Los Lunares, se encontraron un tigre muerto al que iban a quitarle la piel, otro vivo y un león, así como restos de dos o tres lobos. En la sentencia se indica que no ha quedado demostrado que ni el propietario de la finca ni sus empleados liberaran a los animales con vida para que "campasen libremente por la finca hasta hacer peligrar el equilibrio del ecosistema autóctono". Tampoco ve probado que el ejemplar de tigre hembra y el león fuesen a correr la misma suerte que el felino abatido. Señala que el terreno estaba cerrado y vallado con una verja electrificada y de más de dos metros de altura, así como que no se ha probado que estos animales fueran adquiridos con la intención de comerciar con ellos. Por este motivo, el juez absuelve a todos los acusados del delito de liberación de especies de fauna no autóctona y comercio o tráfico con especies amenazadas y/o en peligro de extinción, al considerar que no se han probado tales infracciones. Respecto a los restos de tres ejemplares de lobo que se encontraron en la fina Los Lunares, el magistrado establece en la sentencia que su estado de descomposición impidió acreditar que su muerte fuera consecuencia de una herida provocada por arma de fuego; y continúa su fallo asegurando que tampoco hay pruebas de que fuese algunos de los 12 ejemplares que adquirió Manuel Domínguez entre los meses de enero y marzo del 2005 en Alemania y Holanda "cuyo destino final es desconocido". Por todo ello, Rafael Estévez Benito declara que los hechos enjuiciados y para los que ahora se dicta sentencia son únicamente constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en su modalidad de caza de especies de fauna en peligro de extinción, delito previsto en el artículo 334.2 del Código Penal. Y por tanto, así se hace constar, se desestiman las peticiones de las acusaciones, tanto de la pública, el Ministerio Fiscal; como de la particular, la Junta de Extremadura; y la popular, ejercida por la Asociación Ecologistas. En su caso, el fiscal solicitaba dos años y 10 meses de prisión para el principal acusado; y dos años para el resto; Ecologistas Extremadura acusó al gestor cinegético de tres delitos: por caza de especies protegidas internacionalmente (tigres), y en la región (lobos), y por comercio de esas especies. Por ello solicitó al juezuna pena de 19 meses de cárcel por cada uno de los tres delitos. Fiscal y protectora coincidieron en pedir la inhabilitación para la realización de actividades cinegéticas. Aunque en un principio también se presentó como acusación popular la Asociación para el Bienestar de los Animales El Refugio, finalmente se retiró antes de la celebración del juicio, que tuvo lugar el 14 de diciembre. El juicio se prolongó durante más de siete horas dado la gran cantidad de personas que intervinieron. Los seis acusados son el propietario de la finca, dos trabajadores y tres cazadores. Intervinieron cuatro abogados de la defensa, 13 testigos más otros 10 agentes de la Guardia Civil que también aportó dos peritos, además del del Instituto de Investigación Científica y el veterinario que hizo la autopsia al cadáver del tigre. En el juicio, Manuel Domíngueznegó la acusación asegurando que tenía previsto montar un zoológico con los animales encontrados. El resto alegó desconocimiento. La Junta y Ecologistas Extremadura retiraron la acusación contra uno de los trabajadores de la finca, M. B. N., al considerar que no había dolo.
