Monterrubio de la Serena
La Dirección General de Medio Ambiente ha abierto un expediente contra el empresario cinegético Manuel Domínguez, acusado por la Guardia Civil de organizar en Monterrubio de la Serena cacerías con animales exóticos como tigres y leones. El objetivo de este expediente es anular la autorización de su finca Los Lunares --en la que presuntamente se llevaron a cabo estos safaris -- como granja cinegética. En concreto, tal y como publicó ayer el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha puesto en marcha un "procedimiento de revisión de oficio" de la resolución de marzo de 1996 que permitía el funcionamiento de esta finca como granja cinegética de ciervos, gamos y jabalíes. El expediente abierto revela, en primer lugar, que la Junta ya detectó en el 2004 las primeras irregularidades en el funcionamiento de esta granja, es decir, un año antes de que la Guardia Civil desarticulase la organización de cacerías ilegales en esa misma finca. Falta de control En este sentido, un informe veterinario elaborado por el Negociado de Sanidad Animal en el 2004 relataba la entrada y salida irregular en Los Lunares de diversas especies cinegéticas. Así, algunos ejemplares no constaban en el Libro de Registro de la granja cinegética, mientras que la presencia de otros animales no había sido comunicada, como es preceptivo, al propio Negociado de Sanidad Animal. En ese documento también se incluían las denuncias tramitadas por la Guardia Civil por el abandono de cadáveres y por la práctica de vaciados sanitarios en explotaciones vecinas, todo ello sin autorización. Estas irregularidades, explica el expediente abierto por la Junta, suponen el incumplimiento de la normativa estatal. Por otra parte, la Dirección General de Medio Ambiente reconoce en su informe que la autorización concedida a Los Lunares por la Administración autonómica en marzo de 1996 --para una granja cinegética que debía funcionar como "punto intermedio para posibles emplazamientos posteriores"-- supuso "la concesión de una facultad excesiva al no resultar (esa definición) incluida en los supuestos permitidos en la legislación". Se da la circunstancia de que la Junta ya puso en marcha este mismo expediente en febrero del 2005, aunque en esa ocasión el proceso caducó al no resolverse en un plazo de tres meses. Según explicó ayer la Dirección General de Medio Ambiente, esta situación fue provocada por "las trabas procedimentales y la sistemática complicación por parte del propietario para cualquier notificación llevada a cabo". Por eso, y dado que "la Administración tiene indicios de la existencia de esas supuestas irregularidades", se ha iniciado un nuevo expediente que, gracias a su publicación en el DOE, no dependerá de la respuesta de Manuel Domínguez. En estos momentos el expediente se encuentra en fase de alegaciones y, una vez que concluya la instrucción, la Consejería solicitará el dictamen preceptivo del Consejo consultivo de Extremadura.
