Energía eólica,La Serena
Tres años después de iniciado el trámite la Junta de Extremadura resolvió ayer la autorización para instalar parques eólicos, y lo hizo dando vía libre a 22 proyectos que repartirán 243 molinos de producción de electricidad por las sierras de la región. Esta cifra de 22 parques representa un tercio de los que eran técnicamente posibles, el resto ha caído por informes negativos ambientales y urbanísticos. Sin embargo hay cinco proyectos que todavía pueden salir adelante y sobre los que la Junta no se ha pronunciado, porque están pendientes de la opinión de las autoridades fronterizas portuguesas. Además existe otro grupo de 10 cuyo único inconveniente es que el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos impide su instalación, por lo que está en manos de esos municipios cambiar la normativa, explicó ayer el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro. En tres zonas El Consejo de Gobierno tomó estas decisiones adoptando la vía prudente de autorizar sólo 22 proyectos y 470 megavatios de potencia frente a los 91 solicitados (pero sólo 64 eran físicamente posibles porque varios coincidían en el mismo emplazamiento) y que sumaban una potencia de 2.706,5 MW. Los parques concedidos se concentran principalmente en tres áreas: Sureste de la región con ocho (en torno a Monterrubio de la Serena y Peraleda del Zaucejo), Gata con cinco, y el este (Villarta de los Montes y Alía) con cuatro. Hay otros dos en torno a Plasencia y los tres restantes diseminados en el sur de la Comunidad. Los 22 proyectos autorizados corresponden a 10 empresas distintas pero el propio consejero Navarro advierte que «no está garantizado» que todos se lleven adelante porque aunque los promotores han hecho unos gastos iniciales y depositado fianza la experiencia demuestra que por razones internas las empresas a veces desisten. Las autorizaciones suman una inversión anunciada de 500 millones de euros y suponen la creación de 1.900 empleos en actividades distintas a la instalación. Más empleo del previsto Esta última cifra llama la atención porque el decreto autonómico regulador, de agosto de 2005, exigía la aparición de tres empleos por cada megavatio de potencia instalada, pero los proyectos con luz verde presentan una media de cuatro puestos de trabajo. Esa riqueza económico-laboral se concreta en la zona más cercana a cada parque, en actividades empresariales e industriales que vienen concretadas en cada autorización, y entre las cuales están los cultivos energéticos, centros asistenciales y turísticos, centros de telemarketing, huertas solares, explotaciones de biomasa, fábricas de cartones y embalajes, empresas de limpieza, granjas cinegéticas, o fábricas de aderezos de aceitunas. Aunque los decretos reguladores de 2005 y 2007 no decían nada al respecto, la Junta exige a los promotores eólicos que mantengan los puestos de trabajo al menos durante cinco años. Así figura en la resolución individual de cada uno, un plazo de un quinquenio que es el mismo que el Gobierno extremeño exige para las subvenciones empresariales. Decisión «difícil» El proceso de estudio de los proyectos y las alegaciones recibidas (4.000) ha sido difícil, reconoce el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente. Inicialmente había 98 solicitudes formuladas por 22 empresas pero siete no prosperaron porque una no completó la documentación, otra renunció y cinco pretendían asentarse en zonas expresamente prohibidas por el decreto. Quedaron 91 que salieron a información pública para alegaciones, pero 53 de ellas coincidían en 14 emplazamientos concretos; físicamente cabían sólo 26 de ellos, y no enteros, que se sumaban a los 38 parques que no coincidían en el mismo sitio y no presentaban ese problema. De los 14 emplazamientos con más de una solicitud seis fueron descartados por la Consejería debido al informe negativo de alguno de los organismos implicados (Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio Cultural o Dirección General de Minas), uno en la Sierra de Gata está aún pendiente de las consultas al Gobierno portugués, y sobre los siete restantes la Junta ha optado según ella por el proyecto que más actividad económica y desarrollo proporciona. El consejero José Luis Navarro detalló ayer, verbalmente y por escrito, todas estas variantes que se han producido en el trámite administrativo, en aras a la «máxima transparencia». Cinco sin resolver De los informes desfavorables recibidos por los promotores, en 48 casos ha sido por motivos urbanísticos y en 33 (en algún caso coinciden ambos) por razones urbanísticas. De los 22 parques autorizados 14 lo han sido con toda la potencia propuesta y ocho tendrán que reducirla si quieren funcionar. En resumen, de los 91 proyectos sacados a información pública la Junta formuló ayer resoluciones que afectan a 86 (22 favorables y 64 negativas), los otros cinco están pendientes de la consulta a Portugal porque un convenio internacional exige hacerlo en caso de áreas transfronterizas. Dependiendo de la respuesta, y del cumplimiento de las condiciones del decreto extremeño, en su día tendrán luz verde o no. 10 tienen remedio Además hay otros 10 parques con 300 MW, subraya Navarro, cuya única pega es que lo prohíbe el planeamiento urbanístico municipal; es el caso de los tres, con 150 megavatios en total, de la alemana E.on en Oliva de la Frontera donde su alcalde ya ha anunciado una solución. La Junta va a sacar un nuevo decreto al que pueden acogerse esos 10 proyectos en el futuro. El PP apunta que ya era hora de conceder los parques tras la «chapuza» que supuso el primer concurso; le alegra el paso dado pero va a estudiar el cumplimiento de los requisitos respecto al empleo que hay que crear. Navarro sostiene que el número de autorizaciones es la que han dicho los informes técnicos.
