Partidos Judiciales, Castuera
«Que nadie se asuste». El hombre con mayor responsabilidad en la justicia de la región quiso ayer tranquilizar ánimos. Julio Márquez de Prado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), compareció en Cáceres con la intención de dejar claras algunas cuestiones relacionadas con el presente y el futuro de los tribunales de la comunidad autónoma. Él, que ya ha recibido varias llamadas de alcaldes de la región preocupados por el futuro de los juzgados de su ciudad, transmitió ayer dos ideas básicas: el plan de reducir los partidos judiciales de Extremadura de 21 a 7 es sólo una propuesta, «el esbozo de una nueva idea», y no se hará realidad «ni a corto ni a medio plazo, ni este año ni el que viene». En ese documento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) argumenta que ha llegado el momento de reorganizar el mapa nacional, y plantea que en vez de 431 demarcaciones haya 200. En Extremadura se ahorrarían 14, al pasar de 21 a 7, como adelantó HOY.es. Esto significaría que solo habría juzgados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito-Villanueva de la Serena, Almendralejo y Zafra. El documento no menciona cuáles serían las cabeceras de cada partido judicial, pero todo hace indicar que las elegidas serían esas. Los otros municipios que ahora tienen tribunales se quedarían sin ellos. Traslado del personal Tanto el Consejo en su texto como Márquez de Prado ayer aclararon que no desaparecen juzgados, sino que se reagrupan. O sea, se trasladarían a las capitales de partido judicial. Los juzgados de Olivenza pasarían a estar en Badajoz; los de Montijo, en Mérida; los de Herrera del Duque y Castuera, en la demarcación Don Benito-Villanueva de La Serena; los de Llerena, Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros estarían en Zafra; y los de Villafranca de los Barros, en Almendralejo. En el caso de la provincia de Cáceres, el partido judicial de la capital asumiría los juzgados de Valencia de Alcántara, Trujillo y Logrosán, mientras que en Plasencia estarían los que ahora hay en Coria y Navalmoral de La Mata. A la hora de elaborar esta propuesta, el Consejo General del Poder Judicial ha seguido tres criterios fundamentales: que cada partido atienda a un mínimo de cien mil habitantes, que tenga al menos ocho juzgados y que los ciudadanos no tengan que hacer más de una hora de viaje para llegar a la capital del partido. En la reordenación sugerida, hay demarcaciones que no cumplen estos requisitos. Por ejemplo, Zafra tendría sólo cinco juzgados, y Almendralejo, cuatro. Además, esta última atendería a 81.326 habitantes El presidente del TSJEx aclaró ayer que el plan no contempla una reducción de la plantilla. Eso sí, el cambio de ubicación de los tribunales de instancia implicaría el traslado del personal adscrito a cada uno de ellos. A no ser que se atendiera una de las cuestiones que Márquez de Prado planteará a sus compañeros de la sala de gobierno del TSJEx: la apertura de los juzgados de base, antes conocidos como comarcales o de distrito. En su opinión, el planteamiento del CGPJ es acertado, pero se queda cojo precisamente porque no menciona a los juzgados de base, que en su opinión, permitirían «descargar de trabajo a los tribunales». Él entiende que la reorganización es necesaria porque el mapa actual favorece que en la comunidad autónoma convivan salas con poco trabajo y otras sobrecargadas. La redistribución de demarcaciones ayudaría a «racionalizar el trabajo, concentrar medios y posibilitar la especialización», opina Julio Márquez. Él y los otros nueve integrantes de la sala de gobierno del TSJEx se reunirán próximamente para debatir la propuesta y sugerir cambios si lo estiman oportuno. Esto mismo harán los otros 16 tribunales superiores de justicia del país. Con esas aportaciones, el CGPJ elaborará un informe que remitirá al Ministerio de Justicia, la instancia competente para aprobar una reforma de tal calado. La última palabra la tienen el Gobierno central y las Cortes Generales, que constituyen la parada final de un camino burocrático complejo, en el que también participan los gobiernos autonómicos, que pueden opinar pero no decidir sobre el número de partidos judiciales y sus límites. Lo que sí pueden elegir son las capitales de cada una de las demarcaciones.
