Castuera, lengua azul
Casi 3.000 ovejas han fallecido ya en la región víctimas presuntamente de la lengua azul desde que el pasado mes de julio apareció el primer foco de la enfermedad en la provincia de Cádiz. Ese es el balance ofrecido ayer por el director general de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Carlos Antequera, en una reunión en Monesterio con ganaderos de fincas afectadas. Según Antequera, que estuvo acompañado por la jefe de servicio de Sanidad Animal, Cristina Sanz, la Junta ya ha recibido la notificación de 2.693 ejemplares que han fallecido con los síntomas de la enfermedad. En total, a la espera de que los laboratorios confirmen las causas, hay 324 explotaciones afectadas o bajo sospecha de estarlo, todas en Badajoz. "La evolución de la enfermedad es desgraciadamente la lógica. Después de la primera entrada en Extremadura por Montemolín, quizás un poco por el camino fácil que tenía a través del Guadalquivir y sus afluentes, también ha entrado por el foco portugués de Barrancos en la zona de Valencia del Mombuey y Jerez de los Caballeros", explicó el director general de Explotaciones Agrarias antes de confirmar que también existen posibles casos en Castuera. MENSAJE DE TRANQUILIDAD A pesar de todo, Antequera quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. "Ya pasamos por la enfermedad en el 2004, en el 2005 y hemos conseguido dominarla y convivir con ella. Con este serotipo pasará exactamente lo mismo", indicó tras apuntar que la lengua azul remitirá con la llegada del frío: "Entonces Extremadura volverá a ser una zona estacionalmente libre y sin restricciones al movimiento de animales". En este sentido, desde la Junta recuerdan que aunque los 171.000 animales existentes en estas 324 superficies están sometidas a limitaciones, éstas no afectan a los ejemplares sanos ni a los destinados a matadero, estén infectados o no. Además, realizaron un repaso a los síntomas de la enfermedad y a las medidas puestas en marcha para paliar sus consecuencias económicas, como las indemnizaciones por sacrifico o las ayudas directas a las explotaciones de las zonas restringidas, que actualmente abarca a Andalucía, la provincia de Badajoz y varias comarcas manchegas.
