regadío, La Serena, olivar, cultivo del olivo
Pregunta de Trivial. ¿Qué tienen en común los ministros Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete (en su primera etapa al frente de Agricultura), Elena Espinosa y Rosa Aguilar y los presidentes de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara, y José Antonio Monago?. Respuesta: han conocido, y han dado el visto bueno, a un ambicioso proyecto de regadío en Extremadura que sigue sin ver la luz doce años después de arrancar su proceso administrativo. Se trata de la obra española más importante de transformación en regadíos privados de los últimos años, con 6.000 hectáreas para olivar y, en menor medida, almendro en La Serena y que, desde 1997, ha contado con estudios de viabilidad, protocolos y convenios que, hasta ahora, se han convertido sistemáticamente en papel mojado. ¿Por qué? Porque conseguir 73 millones de euros, antes y más ahora, es un reto descomunal, a pesar de los parabienes de Gobiernos tanto del PP como del PSOE, ya sea en Madrid o en Mérida, y de que la comunidad de regantes del Zújar, que lo promueve, asegura tener «casi asegurada» la parte de financiación que le corresponde, la mitad, cuando ni siquiera en los años de bonanza económica ha podido hacer frente a esa obligación presupuestaria. Visto los antecedentes y conocidas las últimas noticias, 2012 aparece como el año del ahora o nunca para un plan que los vecinos de Monterrubio de la Serena y Benquerencia de la Serena estiman vital para un crecimiento económico que ya disfrutan otras áreas próximas. El último capítulo de esta historia interminable es doble. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer algo que se acordó hace tres meses, la ruptura del convenio de colaboración firmado por Junta, Ministerio y regantes en septiembre de 2010. Es la fórmula elegida no para enterrar el proyecto sino para resucitarlo. De hecho, se acaba de firmar un protocolo (13 de diciembre) para que pueda ser una realidad. «Hay agricultores que iniciaron este camino siendo jóvenes y hoy ya están cerca de la jubilación» expresa Antonio Hidalgo, gerente de la comunidad de regantes del Zújar, para mostrar la contrariedad acumulada a lo largo de cuatro trienios en los 500 regantes de Monterrubio y Benquerencia que ansían convertir en regadíos terrenos de secano de olivar y almendro, algo que dispararía la producción y la riqueza de la zona y fijaría la población. Obligaciones El protocolo de intenciones firmado en septiembre de 2002 puso las condiciones. Se decía que la comunidad de regantes pondría el 50% del presupuesto de ejecución, 36.867.119,67 euros; y el Ministerio de Agricultura, el otro 50%, 36.781.571,94. Además, Agricultura hacía una reserva adicional de crédito por valor de 3,7 millones para contingencias posteriores, básicamente, que la inversión se tuviese que incrementar. ¿Y la Junta?. Era, de las tres partes, la que salía mejor parada. Al ser un proyecto de regadío privado, su colaboración financiera no excederá de los 300.000 euros, el coste de las expropiaciones y la dirección facultativa de la ejecución de obra. El protocolo maduró años -ocho- antes de firmarse un convenio de colaboración. Con las mismas cantidades, entre las obligaciones que asumía la comunidad de regantes se recogía la de aportar en el plazo de tres meses desde la firma del convenio, y como condición previa para el encargo de la obra por parte del Ministerio, un aval bancario por el importe de las obras que le correspondería financiar y ejecutar a Agricultura. Es decir, aval de 36,7 millones. Un imposible a la postre. Los regantes no se rindieron y en septiembre decidieron, en asamblea, seguir adelante. «Si no es por su empeño, esto se hubiera olvidado porque nadie es capaz de esperar tanto», agrega Hidalgo. Siguen porque, a través de un protocolo firmado entre las tres partes hace dos semanas, ya no se necesita ese aval y los regantes dicen tener casi cerrada la financiación de 36,8 millones. ¿A pesar de la situación actual?, se le pregunta. Sí, dice el gerente. El Gobierno de Monago, al igual que los de Ibarra y Vara, mantiene su apoyo al plan y se lo dirá a Madrid. El problema puede venir del Ejecutivo de Rajoy. Aunque el Ministerio ha estampado su firma y siempre ha reservado partidas desde 2002 para la obra, no se ha pronunciado. Los agricultores dicen que no es una cantidad excesiva en el total del Ministerio y, además, que está firmado. Las 6.000 hectáreas regables en La Serena siguen siendo, aún, un libro por escribir.
